Desde hace un año todas las transacciones que se realizan desde los teléfonos móviles y ordenadores van geolocalizadas para que la Agencia Tributaria española determine el volumen de las empresas que gestionaron los pagos. Gracias a la aplicación de la denominada como Tasa Google, 216 plataformas digitales se vieron obligadas a rastrear a sus usuarios para así compartir la información con la AEAT.
Las grandes multinacionales tecnológicas se encuentran plenamente establecidas en Europa, también en España. Contratar una suscripción a Netflix resulta habitual, igual que encargar la comida a través de Uber Eats, realizar una compra en Amazon o contratar YouTube Premium, por poner varios ejemplos. Estas acciones no sólo implican una transacción monetaria, también el registro de multitud de datos de usuario. Inicios de sesión, contraseñas, medios de pago... Y la localización. Incluso sin que el usuario lo sepa.
Geolocalización masiva para determinar el volumen de las empresas
La idea detrás del empleo de la localización masiva es la de controlar el volumen de negocio que realmente poseen las grandes empresas. Dado que son expertas en los mecanismos fiscales de evasión, la Agencia Tributaria lleva un año aprovechándose de la legislación más abierta en torno al control del contribuyente para así ponerle coto a las grandes multinacionales.
Según detalló Expansión, la Agencia Tributaria recaudó durante el último año un total de 240 millones en impuestos a 216 plataformas digitales de venta online, streaming, redes sociales y entrega a domicilio. Dicha recaudación fue menor de lo esperado: según el Ministerio de Hacienda y citado por Expansión, auguraban 968 millones y finalmente obtuvieron el 25 % de las cifras (los 216 millones de euros citados). Todo con un daño colateral que la mayoría de españoles desconoce: las empresas registran la localización de los dispositivos para así entregarle los datos a Hacienda.
El espionaje de los ciudadanos se realiza desde los dispositivos electrónicos y haciendo uso de los distintos métodos de localización que ofrecen estos aparatos (por la ubicación del GPS, del WiFi, cercanía del Bluetooth, localización de la IP...). El registro del lugar donde se realizaron las operaciones es legal tras la entrada en vigor de la tasa Google y las posteriores modificaciones aplicadas en 2021.
La Agencia Tributaria acumula datos de ubicación de los ciudadanos para saber cuál es el volumen real de negocio que tienen las distintas empresas que se dedican al ámbito digital. La normativa obliga a las empresas a que registren la localización de todos los usuarios y también a que lo almacenen para, posteriormente, entregar todos estos datos a Hacienda. Aparte de las serias dudas de privacidad que despierta todo el proceso, tampoco está asegurada la fiabilidad de losa datos: las IPs no ofrecen alta precisión, también pueden alterarse, por ejemplo.
No existe manera de oponerse al rastreo de la ubicación: todas las transacciones digitales que se realicen en España van geolocalizadas, al menos siempre que se abonen a empresas que facturen más de 750 millones de euros. Esto abarca cualquier transacción monetaria que se haga desde el teléfono móvil.
Vía | Expansión
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