El Partido Popular indio demanda a la empresa del smartphone de 3,25 euros

La cosa se complica cada vez más para el nacimiento del smartphone más barato del mundo, el Freedom 251, que costará menos de 3,5 euros al cambio. Tras el lío de falsificación y licencias que llevó a la policía a las oficinas de la compañía, ahora el Partido Popular de la India ha interpuesto una demanda que ha sido admitida a trámite.

Una situación que se une a la confirmación hace varias semanas de que no existe ninguna ayuda pública ni subvención al proyecto, por lo que el precio se alcanza por completo a través de la estrategia de ingresos y costes. Y 70 millones de personas se interesaron por las reservas.

La policía de la ciudad de Noida, donde está la sede de Ringing Bells, ha abierto diligencias según el modelo local FIR (First Information Report), por el que reclama la comparecencia tanto del propietario de la empresa, Mohit Goel, como de su presidente, Ashok Chaddha. NDTV informa de que ha sido constituido bajo el caso de estafa, la sección 420 del Código Penal indio.

Contradicciones en el Partido Popular indio

La actuación policial se ha puesto en marcha tras la denuncia del líder del BJP (Partido Popular Indio), Kirit Somaiya, por el riesgo de estafa que esconde este producto con un coste imposible. Curiosamente fue Murli Manohar Joshi, uno los veteranos más destacados del partido, el que avaló este proyecto e incluso participó en la presentación del Freedom 251. Esa fue la razón que nos llevó a pensar de forma equivocada que Ringing Bells recibía financiación pública.

Goel ha declarado que su empresa va a colaborar con el gobierno en todo lo necesario y ha puesto toda la documentación al servicio de la investigación. Pero no se ha echado atrás y mantiene que van a seguir adelante con su plan: "vamos a ofrecer los productos de calidad más económicos a nuestros clientes a través de una gama de smartphones, incluyendo el Freedom 251".

¿A quién perjudica todo esto?

¿Qué está pasando aquí? ¿Tenemos a la policía obrando como protector de la población ante un caso de estafa potencial? Ringing Bells ha contribuido y mucho a dar esta percepción con el envío de móviles falsificados a la prensa y con la falta de argumentación sobre su modelo de negocio, del que solo han dicho que es capaz de generar beneficios mediante su ecosistema de apps. Empezar a operar antes de tener las licencias, como ya os contamos, tampoco fue una buena idea.

¿O acaso está la policía favoreciendo a los gigantes de la industria ya consolidados y está impidiendo que un producto tan barato y asequible democratice la tenencia de un smartphone en el país con mayor número de personas pobres del mundo? Porque la ley debe ser igual para todos, vaya por delante, pero si este proyecto tuviera futuro, por el bien de su población el Estado debería ayudar a que arrancase en vez de poner palos en las ruedas.

El silencio es la peor de las estrategias para la compañía india. Si realmente están fabricando los teléfonos y están planteando distribuirlos, ya sea al precio fijado o subiéndolo para tener viabilidad, lo más fácil sería enseñar los contratos de colaboración con las ensambladoras y suministradoras chinas. Dado que ya han reconocido que hasta finales de año no tendrán su infraestructura de fabricación, podría bastar con mostrar abiertamente cómo están funcionando hasta entonces.

Ahora, con la demanda interpuesta, todo eso ocurrirá ante la policía local pero no de forma pública. Mientras tanto, la inquietud ya está presente en toda la red y esos 70 millones de compradores potenciales podrían echarse atrás. Aunque solo sean unos euros, para su destinatario principal esas 251 rupias son esenciales.

Más información NDTV
Imágenes | IDN
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